Search
Domingo 17 Diciembre 2017
  • :
  • :

Peña Nieto fortalece unión con el Congreso para reformar sistema judicial

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, se comprometió a “fortalecer el diálogo con el Congreso” para concretar las leyes pendientes para que se materialice la reforma de justicia penal, a poco más de un año para llegar a la fecha fijada para su implementación en todo el país.

En la inauguración del Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, celebrado en la capital, varias organizaciones pidieron al Ejecutivo que se promulguen las leyes “indispensables” para la reforma, antes de llegar a junio de 2016.
La reforma, promulgada en 2008 por el ahora expresidente Felipe Calderón, incorpora los juicios orales y modifica la organización y el funcionamiento de instancias como los tribunales, la fiscalía federal, la policía de investigación y los servicios periciales.
Miguel Carbonell, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, manifestó la necesidad de “sensibilizar a los legisladores federales” sobre la urgencia para que aprueben “lo antes posible” normas como la ley de ejecución de sanciones penales y reformas a la ley contra la delincuencia organizada.
Un planteamiento que también reivindicó el presidente de la organización México SOS, Alejandro Martí, quien aseguró que la reforma no se alcanza solo con las leyes, sino que “se trata de un cambio de cultura en el que se deben romper paradigmas” entre todos los que operan las justicia.
Asimismo, pidió “con urgencia” que se modifique el mandato constitucional que finiquita en octubre próximo al órgano responsable de la implementación de la reforma.
Consideró “muy importante” que se garantice su función unos años más, con el fin de asegurar la correcta operación del sistema y su transparencia.
También aprovechó para subrayar que, si la reforma no arrancó de forma “pareja” a nivel nacional, fue porque “algunos gobernadores no han hecho lo que están obligados a hacer”, como el caso de Sonora, donde “no se ha iniciado nada”.
Peña Nieto señaló que, a nivel estatal, el sistema procesal penal acusatorio opera ya de forma total o parcial en 30 entidades federativas, mientras que el Código Nacional de Procedimientos Penales hace lo propio en 23 de ellas.
Por otra parte, en el ámbito federal, se proyecta que ambos operen a finales de este año en 14 entidades, y prevé que cuando se alcance la fecha fijada en 2016 estarán funcionando en toda la geografía nacional.
Para alcanzar el cumplimiento del plazo previsto, Peña Nieto puso de relieve acciones como agilizar y ampliar los procesos de capacitación de peritos o defensores de oficio y las reuniones de trabajo con el Poder Judicial de la Federación.
“El Gobierno de la República ha hecho de la instrumentación de la reforma una prioridad nacional; no hemos escatimado esfuerzos para respaldar a los Gobiernos estatales en esta importante transición”, aseguró.
Con el objetivo de implementar el sistema en los estados, el Ejecutivo asignó un “presupuesto histórico” de 10.000 millones de pesos (658 millones de dólares), recordó el mandatario.
En su intervención, Carbonell ofreció algunos datos sobre los avances que ha implicado la reforma.
Mientras que con el antiguo sistema de justicia penal se resuelven 1 de cada 6 averiguaciones iniciadas, en las entidades federativas en las que ya se aplica esta cifra llega a ser de 1 de cada 3.
También baja el tiempo en que se resuelven los casos; el promedio de resolución en los estados sin reforma es de 180 días, mientras que en otros como Chihuahua, en los que ya está en marcha, se demoran 90 días cuando se abre juicio oral y 60 cuando los procedimientos se resuelven por juicio breve, aseguró.
En el nuevo sistema se pasa de un modelo inquisitorio en que el reo es culpable hasta que demuestre lo contrario a uno oral acusatorio que parte del principio de la presunción de inocencia.
EFE