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Viernes 20 Octubre 2017
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“Gobierno promulga pote de humo violatorio de los DDHH”

El secretario político nacional de Un Nuevo Tiempo y concejal de Chacao, Diego Scharifker, aseguró que el Gobierno nacional lanzó resolución 008610 la cual permite a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional utilizar armas de fuego en manifestaciones, para poder tapar los verdaderos problemas que existen en el país como del desabastecimiento y así poder generar miedo en las colas a que la gente intercambie opiniones y se moleste por la situación que vivimos todos los venezolanos.
Scharifker indicó que “es inaceptable que se diga que la oposición malinterpretó el espíritu de la normativa porque dónde se ha visto que dicha resolución se deba interpretar por su espíritu y no por lo que dice tajantemente. Los que tanto alaban las grandes hazañas de nuestro Libertador Simón Bolívar, hoy enlodan su palabra y hasta van contra ella. La FANB está para proteger al pueblo, no a los intereses de una cúpula del Gobierno. No terminan de comprender que no se puede continuar gobernando el país con procedimientos que generen violencia y menos en un momento donde nuestro pueblo se encuentra angustiado frente a la escasez en la que nos hallamos y no precisamente por una guerra ficticia como quieren hacer creer”.
Rechazo de la ONG
ONG defensoras de los derechos humanos y dirigentes políticos rechazaron que se pretenda legalizar la presencia de las Fuerzas Armadas y el uso de armas de fuego en el control público de manifestaciones, lo que contraría la Constitución.
El Foro por la Vida, coalición de organizaciones defensoras de los derechos humanos que incluye a Cofavic, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Espacio Público, Provea, el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV y la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal, entre otras, exigió al Ministerio de la Defensa la derogación de la resolución.
La agrupación recordó que el artículo 332 de la Constitución señala que los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y que en el orden público solo podrá intervenir, como explica el artículo 329 de la carta magna, la Guardia Nacional si las policías lo requieren, no cualquier componente de la FANB.